La herencia del Estado-gendarme en la sociedad mexicana

"El Estado moderno no es otra cosa que un comité que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa." -Karl Marx y Friedrich Engels

El Estado, como forma de organización política, ha adoptado múltiples funciones a lo largo de la historia. Desde una perspectiva liberal, el llamado Estado-gendarme se define como una forma de organización estatal cuyo papel se reduce a funciones mínimas: garantizar la seguridad interna y externa, hacer cumplir las leyes y proteger los derechos individuales, especialmente, la propiedad privada. Esta concepción excluye al Estado de cualquier responsabilidad en la provisión de servicios sociales, educación, salud o bienestar económico, ya que se considera que estas tareas deben ser reguladas exclusivamente por el mercado. Esta visión, heredera del pensamiento liberal clásico, limita la intervención estatal en asuntos sociales y económicos, bajo la premisa de que el libre mercado y la competencia garantizarán el bienestar general. Sin embargo, esta idea ha generado profundas desigualdades y ha debilitado el tejido social, especialmente en contextos como el mexicano.

El Estado-gendarme es una noción central del liberalismo clásico que coloca al Estado como un ente cuya función es garantizar el orden, la seguridad y el cumplimiento de los contratos. Desde esta perspectiva, toda intervención en la vida socioeconómica se considera indebida y perjudicial. Este modelo, que alcanzó gran influencia durante los siglos XVIII y XIX, ha dejado profundas grietas en la configuración histórica de las instituciones políticas y económicas en países como México. Esto coincide con la mirada crítica de Marx y Engels (1848/2012), ya que puede inferirse que este tipo de Estado no actúa como un árbitro neutral, sino como un dispositivo que protege los intereses de los grupos económicamente dominantes. En lugar de mantener una representación social equitativa, su función se orienta a preservar un orden que favorece a las élites, incluso cuando esto implique marginar y desatender a los sectores sociales más vulnerables

El liberalismo económico defiende la libertad individual como principio rector, entendida principalmente como la capacidad de disponer libremente de los bienes que se poseen. Este marco suele ignorar las condiciones estructurales que impiden que toda la ciudadanía acceda a los mismos derechos. La justicia, en este sentido, se concibe de forma limitada: se asume que el respeto a la propiedad y a los contratos es suficiente para garantizar la equidad. No obstante, esta perspectiva deja fuera la justicia distributiva, la cual se basa en el principio de que no basta con reconocer derechos si no se garantiza el acceso real a ellos.

Pensadores como John Locke (1690/2005) defendieron la propiedad como extensión del trabajo individual, mientras que economistas como Adam Smith (1776/2007) plantearon que el interés individual conduce, por medio de la "mano invisible" del mercado, al bienestar colectivo. No obstante, la evidencia histórica ha demostrado que, sin mecanismos correctivos y sin políticas de redistribución, el mercado tiende a concentrar la riqueza en pocas manos. Karl Polanyi (1944/2003), ya advertía que dejar la economía completamente al mercado implicaba desmantelar los sistemas de protección social, generando desarraigo y pobreza.

En el caso mexicano, los efectos de esta visión del Estado han sido principalmente negativos. A lo largo del siglo XX, el país osciló entre proyectos de intervención estatal y reformas neoliberales que redujeron drásticamente el papel del Estado en la economía. El desmantelamiento de empresas públicas, la precarización del empleo, el debilitamiento de los sindicatos y la privatización de sectores clave como la educación, la salud o la vivienda son algunas de las consecuencias visibles de esta lógica. La corrupción, la desigualdad y la violencia estructural son síntomas vigentes de un sistema que privilegia los intereses de unos pocos por encima del bien común.

El México actual enfrenta una severa crisis de justicia social. Aunque en el discurso político se habla de derechos y democracia, en la práctica sigue imponiéndose (y resistiendo) una lógica de exclusión y marginación. Los grupos sociales más vulnerables y la clase trabajadora aún enfrentan barreras para acceder a servicios básicos, y el Estado parece más comprometido con mantener el orden y garantizar inversiones que con proteger los derechos fundamentales. La impunidad, la violencia y la desconfianza institucional son señales de un sistema político que ha dejado de responder a las necesidades de la mayoría. Como advertía Pierre Bourdieu (1999), los mecanismos simbólicos y estructurales del poder tienden a reproducir las condiciones sociales existentes, perpetuando la dominación bajo la apariencia de neutralidad. Esta reproducción de la estructura dominante se manifiesta en instituciones que privilegian el orden por encima de la justicia, y en una ciudadanía históricamente marginada de los procesos de toma de decisiones.

Hemos heredado y padecido por varias décadas las consecuencias de este modelo de Estado. Sin embargo, asistimos a una época de creciente politización social, en la que diversos sectores sociales contraculturales comienzan a exigir transformaciones profundas. Se busca revertir ese modelo, imaginar nuevas formas de relación entre ciudadanía y poder, aunque todavía persisten figuras e intereses que intentan mantener intacto el status quo, resistiéndose a todo cambio que cuestione sus privilegios.

No se trata de rechazar la libertad individual ni la posible importancia de la propiedad privada, sino de cuestionar los límites de un modelo que ha normalizado la desigualdad como parte del orden social. Es necesario imaginar un Estado que no se limite a vigilar y castigar, sino que garantice condiciones de vida digna para todxs. Un Estado que entienda la justicia no como una abstracción legal, sino como una práctica cotidiana que reduzca las brechas y fortalezca la convivencia democrática.

Referencias

Bourdieu, P. (1999). La dominación masculina. Anagrama.

Locke, J. (2005). Dos tratados sobre el gobierno civil (F. Larrazábal, Ed.). Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1690)

Marx, K., y Engels, F. (2012). Manifiesto del Partido Comunista. Grupo Editorial Éxodo. (Trabajo original publicado en 1848)

Polanyi, K. (2003). La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo (2.ª ed.). Fondo de Cultura Económica. (Trabajo original publicado en 1944)

Smith, A. (2007). La riqueza de las naciones (A. García Espinosa, Trad.). Edaf. (Trabajo original publicado en 1776)